Los orígenes
de este poblamiento se remonta a la década del 60, a partir de un asentamiento
irregular que sostuvo un grupo de familias vinculadas con actividades de
crianza de animales para sus propios negocios y otros grupos de escasos
recursos y de alta vulnerabilidad socio-económica, quienes, vista la cercanía del
basural, se instalaron al costado sur-poniente del actual perímetro barrial, a
un costado de la pesqueras. Los terrenos nunca dejaron de pertenecer a Bienes
Nacionales. No obstante, en el año 1980, mediante una gestión municipal, en un
hecho recordado por los antiguos pobladores, se instaló el alumbrado público y
por ende el acceso al circuito eléctrico de forma particular. Pero no todos
accedieron a la electricidad.
El villorrio mantuvo la tónica
de una urbanización precaria y una estética considerada decadente. Según datos
municipales, en el inicio de la década del 2000, aún se contaban con “…Pozos negros individuales. El agua potable
era traída en camión aljibe desde la comuna de Tocopilla y distribuida en cada
domicilio mediante tambores”.[1]
Hugo López indica: “no
teníamos baños, así que nos íbamos a la playa o dónde nos pillaba no más.
Porque después del aluvión del 91 nos quedamos sin pozo negro”.
En cuanto a vivienda, el
predominio de material ligero era total. La pobreza era medida según el ingreso
familiar: “…Promedio ingreso familiar: $65.000”.[2] Sobre el Perfil de vulnerabilidad social, en cuanto
a salud: “…0% de menores sin control de
salud al día. 8% de mujeres mayores de 35 años sin control de PAP” y en educación: 0% de niños que no
asisten al sistema escolar, 11.4% de mayores de 18 años que desean nivelar
estudios, 38% de personas entre 18 y 45 años que solicitan capacitación
laboral”.[3]
Todos estos datos nos hablan de
un estancamiento en cuanto al desarrollo o al mejoramiento de infraestructura.
Era un pobreza consolidada que no manifestaba ningún tipo de alteración.
En el cambio de siglo, Tocopilla
enfrentaba un problema de peligrosidad, básicamente por tener la cárcel en
pleno centro: frente al único supermercado y en la avenida principal del centro
cívico y comercial, exponiendo a la población durante varias décadas a los
motines y disturbios de los presos. No faltando la ocasión en que los gendarmes
tuvieron que disparar a reos en violentos intentos de fuga, hiriendo a los
vecinos con lamentables consecuencias físicas y mentales. Entonces fue
inexorable trasladar la cárcel hacia un sector que no expusiera a los
ciudadanos al peligro, se decidió instalarla en las cercanías de la población
Las Tres Marías.
El problema ahora lo vivirían los
vecinos del precario barrio. Sin embargo, este tramo se vería potencializado
desde el punto de vista urbano, porque se mejoraron los accesos, se implementó
iluminaria pública en un tramo mayor: en la práctica se articuló medianamente
ésta población con la ciudad.
Comienza a visibilizarse el
villorrio, pero quizás no su integración total de su sociabilidad con
Tocopilla. Seguían siendo renegados de la oferta pública de soluciones.
Comienzan a esbozarse proyectos y acciones que tuvieron como objetivo conseguir
una solución a la necesidad de suministrar al poblado de los servicios básicos
de urbanización, vivienda y obtención de terrenos productivos para,
posteriormente, regularizar la propiedad.
A lo anterior se suma la gestión
realizada en el año 2003 por parte de Ministerio de Bienes Nacionales, que
consistió en la elaboración de un nuevo loteo que beneficiaría a las familias
del sector de tomas de Las Tres
Marías, el cual estaría ubicado a 100mt hacia el norte del eje urbanizado que
contempló el proyecto de la cárcel.
Como parte de la intervención
del Programa Chile Barrio, la Secretaría Regional Ministerial de Planificación
(SERPLAC)
recomienda técnicamente el proyecto de construcción de casetas sanitarias y red
de agua potable dentro del nuevo lote que beneficiaría a los vecinos del
sector. En el segundo semestre del año 2003, comienza a ejecutarse dicha
iniciativa. Otro hecho significativo que fortaleció la zona barrial en el marco
del proceso de urbanización y consolidación urbana dentro del sector, fue la
expropiación y relocalización de un terreno de servicio minero e industrial que
colindaba con el nuevo loteo, a modo de acondicionar los terrenos del entorno
inmediato dentro del proceso que se llevaría a efecto.
En consecuencia, esta etapa
marca un hito histórico para los pobladores del sector, puesto que se inicia la
erradicación y relocalización de las familias en torno a un nuevo loteo
acondicionado a sus requerimientos de desarrollo productivo, como también a la
obtención de servicios básicos que permiten mejorar la calidad de vida. Conjuntamente
se forjaron instancias para lograr la asociatividad de la población de Las Tres
Marías mediante el trabajo con la Junta de Vecinos que reunía a la totalidad de
las familias intervenidas.
De todos modos, debemos indicar
que el tema de la relocalización de la población ya era tratado desde 1997. Así
queda constatado en las actas de reuniones de la Junta de Vecinos. Un pasaje
importante nos habla del sentimiento de menosprecio que vivían los residentes
de este barrio, al menos quedó registrado cuando un gobernador, en 1997,
indicaba sus ideas: “el Gobernador Pedro
Valdés se refirió a lo que él haría si tuviese una máquina pesada respecto a
Las Tres Marías, ‘yo le pasaría la maquinaria a todo esto y la echaría al mar’
palabras que cayeron muy mal en todos los presentes” (24 de noviembre
1997).
El 9 junio del año 2000, un acta
de reunión indica lo siguiente: “Con la
presencia del Intendente de la 2º Región y el Seremi de Bienes Nacionales, se
da comienzo a la reunión extraordinaria (…) Luego del planteamiento de los pobladores de Las Tres Marías a las
autoridades presentes más el Alcalde Aleksander Kurtovic, lamentablemente
recibimos la mala noticia de que seremos erradicados del sector donde nos
encontramos, porque será urbanizado este sector según el nuevo Plano
Regulador”.
Antonio López señala que el
proceso previo a la erradicación de la población, fue demasiado extenso y
confuso: “Como nos querían erradicar, comenzamos a buscar terrenos, estaba el
sector denominado como El Chileno (ubicado una docena de kilómetros al norte de la ciudad), Tamaya y Barriles, pero el transporte de
los animales ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo llevaríamos a los animales? ¿Qué pasa con
la gente que anda con la carreta? Era difícil. Así que elegimos estos terrenos,
en donde estamos ahora, porque era más digno y así podíamos continuar con
nuestras labores. Además nos querían erradicar porque el plano urbano se iba a
ampliar, y dejábamos de ser rural, por ello no podríamos criar animales. Y con
eso mataban a la población. Después nos querían entregar sólo una vivienda y un
terreno chico, yo tenía 101 chanchos, ¿dónde los iba a meter?. Había gente que
tenían hasta 200 chanchos. Entonces estaban matando la pega. Entonces no nos
estaban ayudando con estas soluciones habitacionales”.
Una vez tomada la decisión se da
paso a una iniciativa que contemplaba, a
través del Ministerio de Bienes Nacionales, la otorgación de un total de 27
Títulos de Dominio gratuito a las familias beneficiarias del programa, en un
proyecto de erradicación. Se lleva a cabo la construcción de 27 Casetas
Sanitarias, la instalación de una red de agua potable y alcantarillado.
Los beneficiados fueron
finalmente 24 familias, que recibieron como solución viviendas de material
ligero y sólido de 20 MT2 aproximadamente. El beneficio fue otorgado a través
de los Subsidios habitacionales Progresivos y Privados SERVIU II región. El total de este proyecto
tuvo un costo de $66.300.000, siendo financiado por el SERVIU. El costo unitario de casa solución
habitacional fue de $2.762.500.
No obstante, los vecinos aluden a
ciertos cambios en el proyecto: “negociamos un terreno más grande, nos
prometieron 1000 MT2 con opción de otros 1000 MT2 cuadrados con opción de
compra. Firmamos y a mitad de camino, nos dejaron con la opción de compra nula.
Entonces, igual, hay que ser agradecido. La Junta de Vecinos rescató a gente
que vivía en el vertedero, así que los incorporó al proyecto de la nueva
población.”
En el área social, la
intervención se orientó hacia optimizar las condiciones ambientales del
asentamiento, con algunos proyectos de mejoramiento sanitario que permitieron
generar capacidades a los beneficiarios en prevención, con el propósito de
limpiar y preservar el medioambiente. Además de centrarse en lo sanitario, el
proyecto buscó mejorar el tejido social de las relaciones entre los vecinos. Un componente importante en la intervención
del programa se orientó a capacitar a los vecinos y tratar de empoderarlos a
través de la reactivación de la Junta de Vecinos. Este fortalecimiento de la
organización comunitaria permitió que se transformara en un interlocutor válido
frente al municipio. Además de estas instancias propias del programa Chile
Barrio, la comunidad también se vio favorecida con la ejecución del programa Un Barrio para mi Familia desarrollando
líneas de acción de fortalecimiento de líderes y organización social. A esto se
suman las instancias de involucramiento de los padres en el comedor infantil
que se ubicaba en la propia sede social.
El 31 de agosto del año 2005, a través de los medios
de comunicación local, se anunciaba la ampliación de la población Las Tres
Marías. La noticia la daba a conocer el municipio, quienes en coordinación con
el programa Chile Barrio, programaron la relocalización. “Una importante reunión sostuvo
ayer el alcalde de la comuna, Luis Moyano, junto con los profesionales del
Programa Chile Barrio, con el objetivo de definir el ansiado traslado de los
vecinos que sueñan con una vivienda digna en la población Las Tres Marías de
Tocopilla.” indicaba La Prensa de Tocopilla.
El proyecto consistía en la entrega de 24 viviendas
y 27 soluciones sanitarias a los pobladores de este sector, contando con una
inversión cercana a los 490 millones de pesos, dineros aportados por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, la Municipalidad de Tocopilla, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Programa Chile Barrios. Se
comprometía por aquellas fechas un operativo total de limpieza del sitio, donde
se erradicaría las calaminas y los desechos para dejar impecable este lugar
para el traslado del campamento. Situación que demoró bastantes meses.
La
Prensa testificaba: “Moyano
puntualizó que en diciembre todo quedaría listo y dispuesto para trasladar a
los vecinos a sus nuevas viviendas, donde se efectuaría un nuevo operativo que
contaría con la ayuda de personal del Batallón Logístico de Tocopilla, los
organismos policiales, voluntariados, personal del municipio y todos aquellos
que deseen apoyar este sueño de la vivienda propia. Al respecto, el edil
mencionó que para mejorar la calidad de vida de los vecinos del lugar tiene
contemplado erradicar el Vertedero Municipal para el próximo año, trasladándolo
hasta el sector de Barriles.” [4]
No obstante, el mismo alcalde, al año siguiente
seguía anunciando por el mismo diario la erradicación del basural. “Erradicarán basural del sector norte de
Tocopilla debido a las deficiencias sanitarias y para mejorar la calidad de
vida de los vecinos del sector” indicaba (Lunes 31 de julio de 2006). “Una
importante noticia entregó el Alcalde Luis Moyano, en relación al mejoramiento
de la calidad del ambiente en la ciudad. Ya comenzaron las gestiones a nivel de
la administración municipal y el gobierno regional para trasladar el vertedero
municipal, fuera de la ciudad, específicamente al sector de Tamaya, en la ruta
B-24 camino a María Elena.” [5]
Repetidamente en los diarios se indicaba que el
sector de Las Tres Marías ya era atractivo para la construcción de un
conglomerado de viviendas sociales. Al menos esa era la visión de la Seremí de
Vivienda y Urbanismo, liderado en ese entonces por Roberto Rivera. El Seremi
indicaba en La Prensa que, “…este basural
no cuenta con las condiciones necesarias para seguir funcionando y alteraría la
calidad de vida de los futuros residentes, lo cual entraría en contradicción
con la nueva política habitacional, de privilegiar la integración de las nuevas
soluciones habitacionales a los centros urbanos, las cuales además deberán
contar con un entorno barrial adecuado para el desarrollo de estas
comunidades”.[6]
Las intenciones, de pronto, quedaban sólo en eso: en
intenciones. Porque a nivel de gestión el resultado era nulo. “De acuerdo a lo indicado por el edil
–Moyano- que dice que se ha reunido en dos oportunidades con la directora de la
COREMA, Patricia Latorre, quien conoce la realidad sanitaria de este lugar y le
requirió que la solicitud a Bienes Nacionales de los terrenos del sector de
Tamaya, a 13 kilómetros del puerto, se extiendan por un plazo mínimo de 25
años, pues su administración había efectuado una petición por diez años”. La publicidad de supuestas gestiones contrastaba rotundamente con los
resultados concretos.
El proyecto era diseñado en base al financiamiento
que podría otorgar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la
construcción de un Vertedero Municipal que incorporara toda la normativa
ambiental. El alcalde Moyano decía: “por
tratarse de un tema sanitario se incorporará en el presupuesto del próximo año.
Con lo cual el puerto eliminaría el foco infeccioso del basural, que replica
otros micro basurales en sus cercanías y afecta la calidad de vida de quienes
habitan en esa zona. En el lugar del antiguo se procedería a efectuar un
relleno sanitario, donde se proyecta incluso la instalación de áreas verdes.” [7]
Pero no todo sería una panacea. La marginación
seguía operando en la memoria, en el discurso y en las medidas sanitarias. Por
ejemplo, en febrero del año 2006 se denunciaba la presencia de un verdadero río de aguas servidas proveniente desde la
cárcel. El canal pasaba por el centro de la población, siguiendo su pestilente
curso hasta el cercano mar. Eran 300 metros de hediondez, con una vegetación
achaparrada que crecía en sus bordes, adicionando el mosquerío y zancudos que
perturbaban la cotidianidad de los habitantes día y noche. El gasto en
insecticidas aumentaba día a día.
“A partir de la construcción de la nueva cárcel en ese sector los vecinos
tienen que soportar los malos olores y las plagas de mosquitos. Los niños
parecen estar condenados, o los pica un zancudo o se intoxican con el
insecticida. Los perros beben aguas servidas y después juegan con los menores”. Denunciaba un vecino a través del periódico El Polémico. “Es indigna la forma en que vivimos, los malos olores insoportables, ¿Cómo
es posible que haya tanta modernidad y acá esté corriendo la caca por el
camino?”, reclamaba una vecina a través del alternativo semanario
tocopillano El Polémico.
Los reclamos hacia Gendarmería eran diarios.
La calidad de la convivencia iba disminuyendo con el paso de las semanas, meses
y años. Eran cinco años que llevaba este riachuelo corriendo que era producto
de un sistema de fosas sépticas por decantación, las que se saturaban y
rebasaban, motivando la evacuación por este arroyo. Las denuncias
provocaron que Gendarmería fuese multada
en varias ocasiones.
Además de los pozos sépticos, y sus
habituales olores, se sumaba este río de aguas servidas. No obstante, la
sensación de estar rodeados por fuentes contaminantes era peor. Al sur las
pesqueras pestíferas, acopios de cenizas de termoeléctricas. Al norte más acopio de cenizales y el gran Vertedero Municipal, con sus
humaredas perpetuas. Al estar dentro de una pequeña planicie costera, los
vientos son fuertes y cambiantes, cuando viene del sur traía el olor de las
pesqueras, que en algunos casos llegaba a provocar vómitos y jaquecas. El
viento levantaba polvo y trasladaba las partículas de las cenizas. Cuando el
viento venía del norte, además de arrastrar más escorias, traía el humo del
basural.
Por otra parte, la entrega de las casas se
venía retrasando por varios meses en el 2005. En febrero del 2006 estaban
listas las casas, pero por temas burocráticos aún no se conferían a los
pobladores. Los vecinos en su ansiedad de acceder a la nueva casa, comenzaron a
visitarlas. Pero para su sorpresa, comenzaron a evidenciar la baja calidad de
las mismas. Grietas multiplicadas por muros y cierres. El exceso de arena por
sobre el cemento era evidente. El resultado eran muros rotos e inestables. “Las casas fueron construidas en terrenos que
tenían escombros y hartos desechos y se encuentran frente a los acopios de
cenizas”. Comenta una vecina.
En la denuncia realizada por semanario El Polémico, se expresaba: “Cómo es posible apreciar, las casas están
mal terminadas, tienen agujeros, se deshacen las paredes con sólo tocarlas,
algunas están casi en el aire y se les rellenó la base con cemento de muy baja
calidad’, denunciaba un dirigente.
“Es realmente vergonzoso ver cómo las autoridades han jugado con la necesidad
de la gente. ¿Es esto dignidad? ¿Esta es la calidad de vida que nos
prometieron?”, se preguntaba un habitante. Aquí parece repetirse la historia de
la población Padre Hurtado en donde las viviendas se derrumban ante la
impotencia de los pobladores. En este caso, aun cuando no estaban habitadas ya
presentan deterioros. La plata alcanzó sólo para pavimentar algunas calles de
esta nueva población y algunas veredas ya están agrietadas”. [8]
En ese escenario, los pobladores tuvieron
que enfrentar otro problema a la hora de la relocalización. Si bien ellos
venían desarrollando labores de micro agricultura y crianza de animales en
espacios generosos, fruto de una toma de
terrenos, una vez reubicados, se enfrentaron a terrenos reducidos, estrechos y
en terrenos disparejos, dificultando de este modo el hacer y la labor
desarrollada por décadas. Estaba la paradoja: había una mejor habitabilidad
dada por el diseño, el confort, la salubridad y la materialidad (aunque con
problemas) pero no podían trabajar. Los nuevos terrenos limitaron la
infraestructura edificada para las actividades productivas que la gran mayoría
de sus propietarios desarrollaba, debido al destino habitacional que éstos
rigen como prioridad en cuanto a la ocupación de suelo. Todo lo anterior
redundó en labores minimizadas dedicándose sólo al cultivo y criaderos a nivel
doméstico. Por su parte, la actividad del reciclaje también tuvo que disminuir
sus escalas y sus tiempos de acopio.
Las características de las primeras casetas
sanitarias planteadas en el loteo del sector contempló una pequeña vivienda de
dimensiones mínimas cuyo programa consta de un sala utilizada como comedor y
habitación, un baño y un área destinada a la cocina.
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