Un intenso operativo judicial se registró el jueves 26 de julio de 1990 en Tocopilla, cuando el juez del Juzgado del Crimen de ese puerto, magistrado Jorge Cortés-Monroy, se constituyó en el pique de una mina abandonada para iniciar los trabajos de búsqueda de las osamentas de seis asesinados por Carabineros de Tocopilla durante el año 1973.
La actividad del magistrado que recibió la denuncia se centró especialmente en un solo punto: el pique de la mina “La Veleidosa”, asentamiento minero que se ubica en el costado oriente de Tocopilla, a unos 35 minutos de recorrido en vehículo por la Huella Tres Puntas.
La gestión del magistrado, según los antecedentes extraoficiales recopilados por el diario La Prensa de Tocopilla, obedecía a las denuncias por inhumación ilegal de cadáveres, acción legal interpuesta ante el tribunal por la Comisión Provincial de los Derechos Humanos, en cuyo informe se señala que en el pique de la mina “La Veleidosa” se habrían sepultado los restos de seis detenidos desaparecidos durante los dramáticos sucesos de 1973.
Las primeras estimaciones y sospechas de que algo trascendental ocurría, la tuvo la comunidad tocopillana cuando el ulular de sirenas de carros policiales, de asistencia pública e incluso de bomberos, dieron las señales de que algo grande estaba sucediendo en este puerto, y efectivamente, se trataba de la primera y más consistente gestión para dar con el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos en esta localidad.
De acuerdo con los reporteros del citado diario pudieron observar en el lugar, cuando eran las 16.20 horas un lugareño y un experto en seguridad minera bajaron al interior del socavón, pertrechados de implementos que pudieran facilitar su tarea de observación. Estos hombres llevaban también equipos de comunicación por los que entregaban detalles de todo el trabajo que estaban efectuando en las profundidades de la tierra, a unos ochenta metros bajo la superficie.
En este punto los exploradores informaron que no habían hallado nada extraordinario o que les llamara la atención, por lo que continuaron descendiendo por la galería hasta llegar a los 200 metros de profundidad, donde se toparon con una pared de lastre que les impidió seguir investigando más allá. El material árido, junto a otros elementos de uso minero, impedían el paso de personas o trabajadores ambientados a este tipo de situación, porque el lugar se encontraba totalmente taponado, como por una explosión o derrumbe.
Así finalizó el primer intento por tratar de dar con los restos de las víctimas, tarea que continuó en el día viernes 27 de julio de 1990, con la remoción del material y la búsqueda minuciosa en el mismo sector, tratando de establecer algún indicio que pudiera delatar la presencia de osamentas humanas.
El abogado antofagastino y presidente regional de la Comisión de los Derechos Humanos, Hernán Pávez Chateau, en una entrevista hizo un recuento histórico de los hechos que derivaron en el desaparecimiento de los seis tocopillanos, cuyas osamentas se buscan en esta oportunidad.
El profesional indicó que el terrible episodio comenzó en octubre de 1973, cuando varias personas fueron detenidas y llevadas a la jefatura de zona en estado de sitio de la época. Anunció que en los momentos que los detenidos, seis en total, eran llevados a una mina con el fin de investigar la presunta existencia de explosivos, tres fueron ajusticiados en el lugar, mientras que los otros tres, supuestamente, se dieron a la fuga y nunca más se supo de ellos.
El presidente regional de la Comisión de los Derechos Humanos explicó que de acuerdo con los antecedentes que se habían recibido en dicha institución, los cuerpos de los tres hombres inmolados nunca fueron entregados a sus familiares, para que se les diera sepultura, mientras que los presuntos fugados, jamás aparecieron y hasta la fecha se desconoce su posible paradero.
“Todo el mundo hablaba de la existencia de una misteriosa mina en la que se encontrarían los cuerpos de los hombres… hasta que la Comisión recibió el testimonio de tres personas. Las declarantes indistintamente coincidieron en señalar que por razones relacionadas con sus actividades mineras, a fines de 1973 concurrieron a la mina en cuestión y cuando cada uno de ellos bajó al pique, se encontró con un espeluznante espectáculo, pudiendo observar los cuerpos de varias personas, restos que por esa época ya se encontraban en estado de descomposición. Las personas que entregaron sus testimonios no tienen ninguna relación entre sí y cada uno concurrió al lugar del hallazgo en fechas distintas, sin siquiera sospechar que otros ya habían encontrado los cuerpos. Este hallazgo de cadáveres se produjo a fines de 1973 y a mediados de 1974 y para ellos la visión fue realmente aterradora” (La Prensa de Tocopilla, 28/07/1990, pág. 13).
También coincidieron en señalar que los cuerpos presentaban marcadas señales de haber muerto por medios violentos.
Cuando se conocieron estos antecedentes, la Comisión de los Derechos Humanos de Tocopilla y Antofagasta decidió denunciar a la justicia este asunto, de tal manera que la presentación se hizo ante el Juzgado del Crimen de Tocopilla y en el documento se recuerda que “los detenidos desaparecidos fueron arrestados por personal de Carabineros”, indicó Hernán Pávez.
El entrevistado también agregó que hasta ese momento no se había encontrado indicios de restos humanos, pero que la justicia seguirá investigando el asunto y el magistrado sumariamente ya impartió las instrucciones para que el lugar quedara custodiado por la policía uniformada, a fin de impedir el paso de personas que puedan perturbar la investigación.
DECLARACIÓN OFICIAL
En una declaración conjunta firmada por los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de Tocopilla y Antofagasta, ambas instituciones señalan lo siguiente.
“A la opinión pública:
Ante informaciones de prensa que circulan en la ciudad, las Comisiones de Derechos Humanos de Tocopilla y Antofagasta comunican:
1.— Desde sus inicios, nuestras Comisiones han trabajado, al igual que otros organismos de DD.HH. en la recopilación de antecedentes que permitan obtener nuestras metas de “Verdad y Justicia”, ante los Crímenes contra la Humanidad que se han cometido en nuestro país. Particular atención ha merecido en ello, la situación vivida en Tocopilla, caracterizada por la ejecución y posterior desaparecimiento de más de una docena de personas, en los días inmediatos al 11 de septiembre de 1973.
2.— Producto de ese trabajo de investigación, se ha logrado reunir el testimonio de varias personas, quienes han expuesto haber visto personalmente varios cuerpos al interior de la mina Tres Puntas, Sierra Tres Puntas, ubicada aproximadamente a 17 km. del puerto de Tocopilla. Los cuerpos mostraban evidencias de muerte violenta y al menos uno de ellos habría sido identificado por los testigos, perteneciendo precisamente a una persona desaparecida. La mina en cuestión, posteriormente, fue dinamitada, produciéndose derrumbes en su interior.
3.— Ante estos antecedentes, hemos hecho la denuncia respectiva al Juzgado del Crimen de Tocopilla, quien ha iniciado las investigaciones, las que han trascendido a la prensa y opinión pública. Hemos denunciado el delito de inhumación y, eventualmente, exhumación de cadáveres, al tenor de los antecedentes que disponemos.
4.— Hacemos presente que, vistos los antecedentes de personal especializado, es poco probable que se encuentre evidencia inmediata; más bien, los trabajos de limpieza demorarán varias semanas.
5.— Expresamos nuestra confianza en el Poder Judicial y en la seriedad y responsabilidad con que se desarrollará esta investigación.
Hacemos presente que proporcionaremos el máximo de ayuda posible y confiamos en que otros organismos y, fundamentalmente las autoridades regionales aportarán en esta búsqueda, cuyo objetivo central es, aparte de los propios de una investigación criminal, responder en una mínima medida a la deuda social que tenemos con las víctimas de la represión.
6.— Por último, hacemos un llamado a todos aquellos que tuvieron participación en estos hechos, o que tengan algún antecedente que aportar al respecto, para que hagan llegar los mismos al tribunal o bien, a las Comisiones de DD.HH."
Por la Verdad y la Justicia.
Marisol Ramírez Carvajal, Pdta. Com. DD.HH. Tocopilla;
Luis H. Pávez Chateau, Pdte. Com. DD.HH. Antofagasta.
La operación judicial llevada a cabo en el pique de la mina “La Veleidosa” en Tocopilla, en busca de las osamentas de seis personas ejecutadas en 1973 por efectivos de Carabineros, ofrece una desgarradora evidencia de la violencia política sistemática ejercida por el aparato represivo policiaco de la dictadura militar. Lo estremecedor de este caso no radica únicamente en la brutalidad del crimen —la ejecución extrajudicial y la posterior desaparición forzada de detenidos— sino también en el silencio institucional que, durante décadas, amparó la impunidad. La participación directa de Carabineros en la detención, asesinato y ocultamiento de los cuerpos refleja un uso deliberado de la violencia como herramienta de disciplinamiento social y de eliminación del disenso.
Este tipo de crímenes no pueden entenderse como excesos aislados, sino como parte de una política de exterminio selectivo aplicada en territorios periféricos, donde el control del miedo fue ejercido con particular crudeza.
La reciente reapertura de estos casos, impulsada por organizaciones de derechos humanos y el testimonio de antiguos trabajadores, no solo busca reparar en parte el daño causado, sino que también desafía las narrativas oficiales que han tendido a borrar o relativizar estas prácticas. En este contexto, el rol de la justicia y de la memoria adquiere una dimensión profundamente ética y política: visibilizar lo ocurrido y exigir responsabilidades institucionales no es solo un acto de reparación, sino una condición necesaria para imaginar un futuro democrático verdaderamente inclusivo y sin pactos de silencio.
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